La mejor garantía de inversión para el Tren Maya es una consulta que cumpla con estándares internacionales y respete los derechos de los pueblos originarios, afirmó Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf).
Aseguró que hasta el momento no se ha dimensionado el impacto ambiental del proyecto. “No sabemos exactamente qué implicará ese desarrollo en materia de flora, fauna y servicios ambientales”, señaló.
Rechazó que sea válido el argumento de que el Tren Maya llevará empleo y desarrollo en las comunidades, sin que exista un estudio sobre los posibles daños a los recursos naturales. “No es digno de una administración que se propone transformar el país”, señaló.
Nosotros, agregó, confiaríamos que el gobierno recapacite, que se dé cuenta de que no hay necesidad de correr y que probablemente el resultado de una consulta bien hecha puede ser el acuerdo entre las partes involucradas.
Consideró que será por falta de voluntad política si no se realiza una consulta sobre el proyecto y no por carencia de recursos financieros, y dijo que es oportuno que sean organizaciones internacionales especializadas las que funjan como observadores y se convierten en una especie de certificación de que los procesos son adecuados.
Para Sánchez sería lamentable que la Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lleve a cabo una consulta simulada, que esté fuera de tiempo o que se mezclen los resultados de la que puede dirigirse a la población en general y a la que es específicamente para las comunidades que son directamente afectadas.
Mencionó que sería lamentable que los mensajes sean que “el tren va porque va”, “empezamos en tal fecha”, “ya empezamos a contactar empresas”, porque pareciera que se piensa en el proceso de la consulta como un mero trámite, que incluso puede hacerse de manera posterior al proyecto, o no hacerse.
Entrevistado en las oficinas de su organización, al sur de la Ciudad de México, explicó que Red Mocaf agrupa a organizaciones forestales comunitarias en México, y forman parte de una plataforma a nivel mesoamericano que incluye organizaciones indígenas y comunidades locales de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
Precisó que han definido una agenda prioritaria y uno de los temas sustantivos es el del consentimiento, la consulta libre, previa e informada, que varía según el marco jurídico de cada país.
Ejemplificó: Panamá no ha suscrito el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se considera de los más altos estándares en materia de derechos de los pueblos indígenas sobre la consulta.
Creemos, dijo Gustavo Sánchez, igual que las demás organizaciones de la Alianza Mesoamericana, que el tema de la consulta es fundamental para asegurar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las decisiones que les afectan de manera directa.
“Es una herramienta a la que tienen derecho los pueblos indígenas y en el caso de México también lo que se llama comunidades equiparables, es decir, campesinas”, enfatizó.
En México aplica el Convenio 169 y éste tiene un manual de aplicación que deben seguir los gobiernos para respetar los derechos de pueblos indígenas y locales, por lo que no son válidos los argumentos de que “no hay tiempo”, “ya consulté a los representantes y me dijeron que sí” o, en el caso de el Tren Maya “ya se consultó a la Madre Tierra”.
Sin embargo, existe una serie de criterios específicos que se tienen que reunir y hay organizaciones a nivel internacional especializadas en el tema. Este es el caso de Origen Equitativo de Estados Unidos, que han diseñado una herramienta para determinar si una consulta cumple los más altos estándares; ellos trabajan lo mismo con empresas privadas que con gobiernos, para tratar de generar la consulta.
El dirigente de Red Mocaf expuso que no hacer una consulta como es debido envía un pésimo mensaje a todas las empresas y grupos privados que quieren acceder a la riqueza que hay en los territorios ejidales y comunales.
En ese sentido, hizo un llamado a López Obrador a que ponga el ejemplo de respetar debidamente los derechos de pueblos, comunidades y ejidos. “Si él no lo hace, los grupos privados tampoco lo van a hacer, y los funcionarios que están a cargo tampoco”, comentó.
Además, jurídicamente, los pueblos mayas tendrían todos los elementos para ampararse y recurrir a instancias nacionales e internacionales demandando un debido proceso de la consulta.
Destacó que el gobierno mexicano tiene todos los elementos para llevar a cabo un proceso de manera adecuada, que significa separar lo que opine la sociedad en general con la de los pueblos directamente afectados.